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La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico a través de la LO 5/2010, de 22 de junio, con el art. 31 bis del código penal, dejando sin efecto el principio de derecho romano “societas delinquere non potest”; sin embargo, no es hasta cinco años después mediante la LO 1/2015, de 30 de marzo, con la reforma del art. 31 bis y la introducción de los art. 31 ter, 31 quarter y 31 quinquies que, tal y como se establece en el propio preámbulo, se ponen fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, por lo tanto, lo que se pretende con el régimen establecido por la LO 1/2015 es aclarar el modelo que ya había sido introducido en la reforma de 2010.

Esta responsabilidad penal de las personas jurídicas gira en torno a la idea de buena ética empresarial o cultura de cumplimiento, a la que hacen referencia tanto la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que deben de servir como principios informadores de los Programas de Prevención de la Comisión de Delito o  Compliance Programmes.

En este sentido, el art. 31 bis CP establece cuales son los requisitos mínimos que deben reunión estos programas de prevención de delitos, siendo los siguientes:

  • Identificación de las actividades dentro de las que puedan ser cometidos los delitos integrados en el catálogo de delitos que deben ser prevenidos.
  • Establecimiento de protocolos y procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
  • Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  • Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
  • Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  • Realización una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Tales Programas de Prevención de Comisión de Delitos, de acuerdo a lo que establece la Circular 1/2016 deben ser claros, precisos y eficaces y desde luego redactados por escrito; además, es necesario que se acredite su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido y deben estar perfectamente adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos, en consecuencia, no sirve de nada que las empresas copiaran los programas de prevención elaborados por otras empresas.

En conclusión, tal y como establece el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de febrero de 2016, el núcleo de la responsabilidad de las personas jurídicas, no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma.

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