Publicaciones

Cláusulas suelo informe sentencia TJUE 21 de diciembre 2016

Hasta la fecha, nos hemos encontrado con un constante cambio sobre la actual situación con las cláusulas abusivas, dado que son demasiados los contratos de adhesión firmados por los ciudadanos, como  se trata en esta sentencia sobre las cláusulas suelo, con los bancos.

El peligro constante de un contrato de adhesión, ha sido objeto de preocupación para la jurisprudencia española desde tiempos inmemorables y siempre intenta hallar el equilibrio entre las partes a la hora de firmar el contrato que la propia ley no sabe darle.

La lucha no ha terminado, pero si es cierto que gracias a la unión europea y sus directivas, se trata de mantener un mayor control sobre las cláusulas abusivas que por su propia naturaleza implican la ausencia de negociación de las partes, una posición de debilidad frente a aquel que se adhiere al nuevo contrato y la desinformación sobre las posibles consecuencias que de su aplicación puedan suponer para el firmante que no es más que un simple ignorante.

No podemos decir que en sí mismo un contrato de adhesión sea un mal contrato, pues supone un buen sistema, fácil y rápido de contratación  y por tanto su practicidad es innegable para las grandes empresas, pero ¿Se entiende por ende que deba de haber desigualdad? Su desigualdad es natural ya que una parte propone y la otra simplemente acepta y firma o no hay negocio.

Pues bien, ¿qué hacemos cuando los contratos de adhesión tienen cláusulas abusivas las cuales puede generar consecuencias perjudiciales para el firmante a largo plazo? Esto mismo fue lo que se planteo al TJUE cuando de la aplicación de varias cláusulas suelo y su anulación por su carácter de abusivas generaron consecuencias de las cuales no se sabe si deberían de declararse nulas ya que derivan de la aplicación de aquella cláusula que fue anulada o si deberían por sí mismas tener su propia autonomía y considerarse nulas independientemente de cuáles fueran las causas que las motivaron.

El TJUE es claro cuando señala en su última sentencia que los jueces nacionales Españoles que han planteado tantas cuestiones prejudiciales sobre el modo en el que se debe de aplicar la directiva 93/13 en sus respectivos artículos tanto el 3 como el 6. Dice la sentencia del TJUE que el juez Español debe conocer cuál es el carácter de una cláusula abusiva, lo cual viene determinado en la propia directiva así como la obligación clara de no aplicar ninguna cláusula que sea determinada como tal. De esta misma manera, ningún juez español puede considerar la posibilidad de dejar vigente los efectos que hayan derivado de esa cláusula abusiva porque dentro de la misma directiva deja claro que se consideran nulos los efectos de las cláusulas abusivas y esto indudablemente incluye a cualquier tipo de efecto que de la misma pueda derivar,  ya sean instantáneos o futuros.

Los jueces nacionales, tampoco tienen la facultad de modificar el contenido de una cláusula abusiva, pues dichas cláusulas se consideran nulas de pleno derecho y ello implica la absoluta inaplicación de las mismas.

Las cláusulas declaradas abusivas, nunca han existido y eso implica que la mera posibilidad de consideración hacia ellas  y cualquier tipo de daño ocasionado por las mismas, tampoco debe existir.

Los tribunales lo que deben de garantizar es por tanto, el mantenimiento de la situación del perjudicado por dicha cláusula, situación que por el  carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

De ello se entiende por tanto que los importes que se hayan pagado por la existencia de esa cláusula abusiva deberán ser reintegrados, porque la obligación de ese pago nunca debió de haberse dado y nunca debió de existir.

Por tanto y en lo que respecta a la limitación temporal  de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo supone  privar a todo consumidor que haya celebrado antes de la fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo con el derecho a obtener una  restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013 por ser cuando se dicto la sentencia del tribunal supremo en España que trata sobre el asunto.

Pero establecer este criterio en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la directiva 93/13 implica que quede incompleta la protección al consumidor e insuficiente y en contra  de lo establecido en el  artículo 7  de la misma directiva.

Finaliza sobre esta cuestión estableciendo que por tanto “artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.

No cabe por tanto ninguna limitación temporal a los efectos restitutorios producidos por una cláusula abusiva y por tanto procede la restitución de las cantidades que hayan sido pagadas indebidamente por aplicación de una cláusula abusiva que se haya hecho con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial en el que se declaró abusivo la cláusula.