Publicaciones

Consulta Pública sobre la ley 10/2010 de 28 de abril.

Recientemente se ha estado hablando de la consulta pública que el ministerio de economía ha hecho pública este mes de mayo y de la cual tenemos de plazo hasta el 10 de junio del 2017 para participar en ella.

Dicha consulta versa sobre  la ley 10/2010 del  28 de abril, sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  Regula las obligaciones de los sujetos obligados por la misma que son las personas físicas y jurídicas a las que se les impone obligaciones de cuidado y control con los clientes para tratar de evitar o al menos prevenir sobre el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.

Hay que destacar la inminente necesidad de adaptar la ley a la máxima claridad exigida para que su comprensión e interpretación sea clara y no dé cabida a posibles dobles interpretaciones y por ende, vacios legales. Por ello destacar la imperatividad de modificar muchos conceptos para clarificarlos en múltiples artículos así como revisar el régimen de la potestad sancionadora, que es lo que sin lugar a dudas, esta propuesta del ministerio de economía busca.

Con ello, no solo se busca una mayor claridad interpretativa sino que además se orienta a mejorar el sistema punitivo y sobre la articulación de mecanismos que faciliten la comunicación en los casos de incumplimientos de la normativa en la que puedan incurrir los destinatarios.  Por su parte, del sistema sancionador se busca un claro cumplimiento legislativo así como garantizar la armonización en su ejercicio en toda la unión europea, ya que como sabemos, esta ley viene por una disposición de directiva europea.

Por ello, la obligación de España es, entre otras, cumplir con la adaptación jurídica de la normativa europea, así como que de dicha adaptación, pueda  desprenderse una comprensión legal positiva para todo aquel al que dicha ley alcance.

Por tanto y como breve resumen, los objetivos de la norma son: actualizar el régimen de sanciones en los casos de comisión de infracciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, incorporar a nuestro ordenamiento un sistema que favorezca a la detención de la comisión de infracciones contra lo dispuesto en la norma mediante la potenciación de mecanismos de denuncia, modificar el concepto de grupo empresarial, crear un registro de personas que se dediquen a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad, revisar el concepto de país tercero equivalente en materia de prevención del blanqueo, incorporar la aplicación obligatoria de medidas de diligencia reforzada en relación con países de la lista creada por la unión europea, establecer claramente las limitaciones de uso a la información recopilada por los sujetos obligados en la aplicación de medidas de diligencia debida y por último, reformar los umbrales de la consideración de sujetos que estarán obligados con las personas que comercien con bienes en efectivo.

Como sabemos, todo ello es disposición europea y España debe por necesidad tener en cuenta también su derecho propio para tratar de adecuar de la mejor manera la directiva a nuestra legislación, por ello,  debemos de tener en cuenta que todo ello, en nuestro ordenamiento jurídico supondrá:  la creación de un sistema de denuncias a la administración sobre incumplimientos de normativa de prevención de blanqueo, denuncias sobre incumplimientos en el seno de los sujetos obligados, desaparición de la lista europea de países equivalentes y  alternativas para la aplicación de este concepto, nuevo sistema  y nuevas características para el registro de personas y entidades que presten servicios a las sociedades.

Por ello, es importante que todos y más especialmente, aquellos que pertenezcan al sector al que va a beneficiar la ley, colaboren en la propuesta.  Se puede enviar las sugerencias y cuestiones al respecto así como comentarios a la dirección de correo secretariaicmc@tesoro.mineco.es para que las tengan en cuenta y recuerden, es solo hasta el 10 de junio del 2017.