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Cuestión inconstitucionalidad producción energía eléctrica

El 14 de junio de 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictó un Auto, mediante el cual se plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

El Tribunal Supremo alberga dudas sobre la finalidad medioambiental del  Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica (IVPEE, en lo sucesivo), por lo que se plantea la eventual vulneración del principio de capacidad económica proclamado en el artículo 31 de la Constitución española.

Según aprecia el Tribunal Supremo aunque se indique que “con este impuesto se trata de gravar a los productores de energía eléctrica cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para poder evacuar la energía que vierten en las mismas, que comportan indudables efectos medioambientales, lo cierto es que cuando se analiza la estructura del tributo se comprueba que ninguno de sus elementos configuradores  se pone al servicio de tal objetivo”.

En particular, el Tribunal Supremo considera llamativo que “el legislador no haya previsto ningún supuesto de exención total o parcial, ni bonificación, ni cualquier clase de beneficio fiscal para aquellos productores cuyo uso de las redes de transporte y distribución resulte mínima o muy reducida así que como la base imponible no contenga ninguna variable con naturaleza medioambiental ya que viene constituida sin más por el valor económico de esa producción e incorporación, así como que el tipo de gravamen sea único (7%).”

Asimismo, en cuanto a la hipotética vulneración del principio de capacidad económica previsto en el artículo 31.1 de la Constitución española, el TS aprecia que “es posible entender que el IVPEE está gravando un hecho imponible  idéntico o prácticamente igual que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE, en lo sucesivo).”

Hay que hacer notar que en el IAE la cuota de las actividades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica se determina en función de los kilowatios de potencia de los generadores fijando una cantidad mínima para cada kilowatio, de manera que al igual que ocurre en el IVPEE, la carga tributaria se determina en atención a los rendimientos que obtiene el sujeto pasivo para el ejercicio de la actividad de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por este motivo, el Tribunal Supremo se cuestiona “si, cuando un impuesto grava a través de un hecho imponible una manifestación de capacidad económica, es posible someter esa capacidad mediante otro tributo que define un hecho imponible prácticamente idéntico, cuando además se revela desprovisto de la otra finalidad, extrafiscal proclamada para justificarlo.”

Ahora es el Tribunal Constitucional quien deberá pronunciarse sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada.

A este respecto, hay que tener en consideración que el IVPEE es un impuesto que se declara mediante autoliquidación anual, siendo la primera, relativa al ejercicio 2013, presentada en el mes de noviembre del año 2014, y que consecuentemente el derecho a instar un hipotético ingreso indebido prescribiría en noviembre del año 2018.

Teniendo en consideración la indeterminación en cuanto al sentido del pronunciamiento del Tribunal Constitucional y sobre todo de la fecha en que se producirá, cabría plantearse la conveniencia de iniciar los procedimientos necesarios para la recuperación de los impuestos autoliquidados por los sujetos pasivo afectados y así evitar el decaimiento del derecho a instar la devolución de las cantidades ingresadas por este impuesto, por el transcurso de cuatro años desde que se autoliquidó.