Impuestos

EL SUPREMO RECHAZA LA POSIBILIDAD DE DENUNCIAR UN DELITO FISCAL YA SANCIONADO

El Supremo  falla a favor de la  Asociación Española de Asesores Fiscales y declara que, el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria, es nulo porque ,además de carecer de la habilitación legal suficiente,  se opone a los preceptos de la Ley General Tributaria que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública.

Cuando en el curso de un procedimiento tributario se aprecien indicios de delito, el reglamento prevé que se suspenderá la ejecución de las liquidaciones y sanciones ya impuestas, lo cual  contradice  los artículos 250 y 251 de la LGT que impiden sancionar cuando se ha remitido al juez penal el procedimiento (sea o no posible dictar una liquidación), y que imponen a la Administración el deber de abstenerse de incoar un procedimiento sancionador sobre esos hechos o, incluso, “el archivo” del procedimiento sancionador eventualmente iniciado.

La estimación del recurso es sólo parcial ya que no se   impugna el artículo 74.1.h) del mismo Reglamento, pues el Supremo considera que las multas penales se encuentran entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de sus obligaciones. Contra esta tesis formula Voto particular el magistrado José Díaz Delgado que estima que el precepto debió anularse; tampoco se anulan los artículos 171.3 sobre el examen de documentación en sede inspectora del contribuyente y 184.2 sobre la ampliación del plazo de duración del procedimiento inspector porque se entiende que cuentan con la habilitación legal necesaria.

Respecto del fallo, los magistrados Maurandi y Toledano emiten voto particular, a favor de que la Administración pueda comunicar indicios de delito en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación o sanción. Y ello en base a que las reglas que rigen la persecución de los delitos contra la Hacienda Pública no deben ser inferiores a las generales que rigen en otros delitos públicos.

Esther Marín Navarro