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El TSJ de la Comunidad Valenciana tumba el nuevo método de comprobación de valores empleado por la Generalitat Valenciana.

En primer termino debemos referirnos al post publicado a inicios del presente año sobre el cálculo empleado por la Conselleria de Hacienda con el fin de determinar el valor real de los inmuebles, con objeto de una transmisión, y con ello la base imponible que postulan las Leyes de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

 

En el mismo, se exponían de forma sucintalas características y consecuencias del empleo masivo e indiscriminado de la figura de la comprobación de valores en base a la formula contenida en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, la cual , consiste en la aplicación de un coeficiente, determinado por una norma autonómica (Orden 23/2013 y Orden 4/2014 y Orden 1/2015), sobre el valor catastraldel inmueble. Manifestando la alta litigiosidad que lleva y llevaba aparejada tanto este método como el anterior método, y considerando que habían motivos suficientes para que los Tribunales tumbaran las liquidaciones consecuencia de dichas comprobaciones.Puesto que difícilmente con la aplicación de dichos coeficientes se podría determinar el valor real del bien transmitido, siendo el resultado de dicha comprobación un importe totalmente arbitrario y socavando de esta forma el derecho de defensa de los contribuyentes.

 

Pues bien, estamos de enhorabuena, y debemos hacernos eco de la reciente y esperada Sentencia del TSJ, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha de 28 de octubre de 2015. La misma hace una remisión completa a la famosa e invocada Sentencia del mismo Tribunal de fecha de 1 de octubre de 2013, la cual, consideraba que las comprobaciones de valores formuladas por la Conselleria de Hacienda adolecían de falta de motivación e idoneidad para determinar el valor real del bien transmitido, el cual, debe ser la base imponible de los citados tributos. Sin embargo, la Sentencia de 1 de octubre de 2013 se pronunció sobre la comprobación de valores bajo la formula del dictamen de peritos -Artículo 57.1.e de la Ley General Tributaria-, no obstante, la Sala considera extensible la doctrina al método comentado. El Tribunal concluye como sigue:

 

“El principio de unidad de doctrina y seguridad jurídica obligan a mantener el mismo criterio, solamente indicar que las argumentaciones sobre la Orden de 23/2.013, en nada afectan para mantener la opinión contraria, pues la referida Orden al establecer un sistema de coeficientes para la determinación del valor del inmueble no obvia las inmotivaciones de la comprobación de valores realizada por la administración, que persisten en los errores y vicios señalados por la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre las que se encuentra la sentencia citada”.

 

Debemos recalcar que el órgano judicial condena en costas a la Conselleria, lo que podemos interpretar como una advertencia sobre futuras actuaciones. La presente resolución supone un instrumento del cual debemos aprovecharnos para la defensa de nuestros intereses. Dicho pronunciamiento debe animarnos, ahora más que nunca, a emprender acciones legales, en caso de ser victima de este tipo de actuaciones, así como llegar hasta el final en el supuesto de haber emprendido las mismas.

 

Si usted se encuentra entre la multitud de afectados en CASLEGIS será un orgullo poder representarle y asesorarle en defensa de sus intereses y derechos.