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Hacienda demostrará la regularidad de los ingresos de los abogados

La reciente sentencia de 19 de Marzo de 2018 del Tribunal Supremo, establece que los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión y respecto de la defensa procesal en un litigio cuya duración se haya prolongado en el tiempo durante más de dos años, y cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, que, se considerarán generados en un período superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimiento netos del 30% respecto del artículo 32.1, primer párrafo de la ley 35/2006 del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas.

A su vez, se hace necesario recordar que, dicho artículo, prevé una reducción del 30% para los rendimientos netos en un periodo de generación superior a dos años y los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

La reducción, matiza el Tribunal Supremo, ha de estar relacionada con la actividad profesional del abogado y a los ingresos obtenidos individualmente en el IRPF, no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, globales o abstractas.

El magistrado ponente de dicha sentencia, anuncia que la carga de la prueba que concurre el presupuesto  hecho que habilita la reducción, debe distribuirse entre la Administración y el obligado tributario. Es decir, que la propia Agencia deberá probar que dicha reducción no será procedente por ser un rendimiento regular o habitual. Así las cosas, la Agencia deberá asumir los efectos desfavorables de la falta de prueba. Y todo ello en virtud del artículo 105.1 de la LGT: “En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo”.

Esto se concreta en que la administración tiene que acreditar que concurre el presupuesto de hecho que justifica legalmente su concreto ejercicio y que distribuye la carga de la prueba entre ambas partes de la relación tributaria. Es decir, el abogado deberá probar que los rendimientos se generaron en un período superior a los dos años o de manera notoriamente irregular, teniendo derecho a la reducción, mientras que la administración deberá probar lo contrario.

Además, se reitera en la línea jurisprudencial del mismo tribunal iniciada en Febrero 2008, remarcando que: “los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de situarlo en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley del IRPF, como generados en un periodo superior a los dos años”.

En cuanto a la interpretación concreta de la profesión de la abogacía, se desprende de la sentencia del Alto Tribunal que, ésta, ha de centrarse en actividad procesal o de asistencia jurídica en litigios, y excluye las restantes que estos pudieran desempeñar. Por tanto, a juicio del tribunal, se hace imprescindible que se deba atender a la situación personal del contribuyente y a la índole concreta de su actividad (defensa en juicio, asesoramiento, consulta, arbitraje, asistencia a órganos de administración mercantil) además de, a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, con respecto a los cuales se pueda precisar cuáles son los regular o habitualmente obtenidos.