ImpuestosIRPFPublicaciones

Obligaciones preferentes y deuda subordinada.

Llevamos unos años convulsos en cuanto a demandas judiciales referidas a los asuntos de las obligaciones preferentes, deuda subordinada, etc. Debemos tener presente que los resultados judiciales derivados de dichos procesos tienen sus implicaciones en el plano tributario, implicaciones que serán tratadas en este artículo.

Estos procesos dan comienzo mediante una demanda de nulidad de los contratos bancarios suscritos, asimismo, la estimación de las pretensiones del demandante tienen como consecuencia una sentencia donde se declara la nulidad del citado contrato. Dicha declaración de nulidad supone la restitución de las prestaciones entre las partes, además del abono del interés legal del dinero desde la fecha de suscripción.

Del fallo judicial se derivan unos hechos susceptibles de generar efectos tributarios, según se expone  a continuación:

  1. De la obligación de restitución, nace para el demandante el deber de reintegrar los intereses percibidos durante la vigencia del contrato declarado nulo. Dichos intereses generaron en su día un rendimiento del capital mobiliario imputable en el ejercicio conforme al criterio de exigibilidad, por lo que, la declaración de nulidad motivará que mediante la presentación de un escrito solicitando la rectificación de autoliquidación (Art. 120.3 de la LGT) se obtenga la devolución de los ingresos indebidamente ingresados por la tributación de dichos intereses que ahora son restituidos.
  2. En lo que respecta al rendimiento del capital mobiliario negativo derivado de la recompra de las participaciones preferentes y a la pérdida patrimonial derivada de la transmisión de las acciones recibidas en la operación de canje, incluidos en la declaración del impuesto, la nulidad del contrato de tales valores implicará la presentación de una autoliquidación complementaria.
  3. En lo referente a los intereses legales del dinero satisfechos por la entidad financiera al cliente desde la fecha de adquisición del producto bancario hasta la fecha de la sentencia, generan en sede del demandante una variación patrimonial, la cual, debe tributar en concepto de ganancia patrimonial imputables al ejercicio en el que la sentencia adquiera firmeza.
  4. Por último, los intereses de mora procesal, exigibles por el transcurso del tiempo desde la fecha de la sentencia hasta la fecha del pago, resulta de aplicación lo establecido en el apartado anterior generándose una ganancia patrimonial e imputándose en el ejercicio en que se acuerde su abono.

Debemos advertir que las honorarios abonados a los abogados y procuradores no son gastos que podamos deducir a la hora de cuantificar las ganancias patrimoniales referidas, según criterio de la Dirección General de Tributos, la cual, califica los mismos como gastos de consumo. Contrariamente el cobro de las costas procesales deben ser objeto de tributación por la parte demandante, aun siendo percibidas en muchos casos directamente por el abogado.

Si ha sido parte en procesos judiciales de esta índole debe tener presente las implicaciones fiscales derivadas del mismo en su declaración de IRPF. En LEXCAM ABOGADOS estamos a su entera disposición para prestarle los servicios expuestos en este artículo con el fin de evitar innecesarias comprobaciones y liquidaciones practicadas por la Administración Tributaria.