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RD Ley 1/2017 sobre medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

Tras la última noticia sobre la que ya os hemos hablado con respecto a las medidas adoptadas por el tribunal de justicia europeo en la que ya quedaban claras las directrices generales por las que se debe entender la clara interpretación sobre las cláusulas suelo y como proceder ante el resurgimiento de las consecuencias por la aplicación de una cláusula declarada nula, llega a nuestra legislación, el RD ley 1/2017 del 20 de enero sobre las medidas urgentes para la protección de consumidores en esta materia.

Uno de los grandes dilemas a los que se va a enfrentar los tribunales españoles es a la avalancha de gente que se va a volcar en procedimientos donde necesitan ser amparados por la justicia, por ello, este real decreto trata de establecer mecanismos de actuación para favorecer la comunicación entre consumidor y entidad bancaria para que entre ellos puedan resolver las diferencias mediante la restitución de dichas cantidades sin necesidad de recurrir a los tribunales y evitar de este modo el doble perjuicio que supone para el consumidor por los costes que puedan suponerle el procedimiento.

Lo que realmente se pretende es que el consumidor vea que se cubren sus intereses y que se restablezca su derecho en el plazo más breve evitando que tenga que recurrir a la vía judicial que indudablemente, dilatará la solución y supondrá un mayor coste para todos. Especial referencia a que se incluye la regulación fiscal pertinente a las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación del tipo de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las financieras con el fin de modificar la normativa del IRPF.

Son sin lugar a dudas, medidas de urgente y extrema necesidad que casan perfectamente con lo establecido en el artículo 86 de la CE y de ahí su creación.

Requisitos:
  • Que se trate de préstamos o créditos que hayan sido garantizados con hipoteca inmobiliaria que contenga cláusulas suelo y que la otra parte sea un consumidor.

Para que ello proceda hay que entender como consumidor a cualquier persona física que actué con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Se deberá entender como cláusula suelo a cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable o para tramo variable de otro tipo de préstamo que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

Procedimiento de actuación:
  • Todas las entidades de crédito deberán de presentar un sistema de reclamación previa a la interposición de las demandas con las que el consumidor voluntariamente podrá acceder a ella para iniciar los trámites. La posibilidad de poder realizado debe ser ofrecida por tanto, por las entidades bancarias.
  • Una vez haya sido recibida la reclamación, la entidad de crédito calculará la cantidad que sale a devolver y se lo comunica al consumidor desglosándole todo el cálculo. En ese cálculo, los intereses que haya cobrado la entidad de crédito deben de estar incluidos. Si se estima que no procede la reclamación deberá motivar su decisión, justificando porque no estima que proceda, y se dará fin a ese procedimiento extrajudicial, lo que quiere decir que el consumidor, puede recurrir a la reclamación judicial, cosa que podía hacer ya en cualquier otro momento.
  • En el caso de que procediese la reclamación, el consumidor debe decir si está conforme con el cálculo realizado y si da su aceptación, la entidad de crédito procederá a devolverle el dinero.
  • El plazo de duración de este proceso, tanto para llegar a un acuerdo con el consumidor en caso de que este no estuviere conforme con el cálculo del primer importe, es el mismo plazo que se tiene para poner fin al proceso, en caso de que deba esperar a que se le efectué el ingreso de las cantidades económicas y es de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

Se entenderá que finaliza el procedimiento, cuando la entidad de crédito estime que no proceda la reclamación, cuando finalicen los 3 meses sin contestación alguna por parte de la entidad bancaria, si el consumidor no está de acuerdo con la cantidad a devolver del calculo que le ha mostrado la entidad bancaria o rechaza la cantidad que le ofrecían y si transcurridos los 3 meses no se ha efectuado el ingreso al consumidor de la cantidad ofrecida.