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Ultimátum de la Comisión Europea a España para que modifique las sanciones derivadas del Modelo 720.

En octubre de 2012 era aprobaba la Ley 7/2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Introduciendo la misma una nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Asimismo, se preveían unas sanciones por incumplimiento de la obligación de informar de 5.000 € por cada dato omitido, con un mínimo de 10.000 €; así como por presentar la declaración fuera de plazo sin requerimiento previo de 100 € por dato omitido, con un mínimo de 1.500 €. Adicionalmente las leyes reguladoras de cada tributo (Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) establecían consecuencias específicas para el caso de incumplimiento.

Ante tal escenario, en el año 2013, se impulsaba ante la Comisión Europea, por parte de los compañeros del despacho DMS Consulting, denuncia del Modelo 720, apelando a los principios de libertad de circulación de personas y de capitales. A raíz de la misma, se iniciaba procedimiento de infracción contra España.

Pues bien, consecuencia del citado procedimiento se ha pronunciado recientemente la Comisión de forma contundente, pues considera que las sanciones impuestas por la Administración son desproporcionadas si se comparan con las sanciones impuestas por estas mismas infracciones con bienes situados en España, siendo por ello discriminatorias, y en esencia contrarias a los Tratados de la UE.

De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a España ante el TJUE.

Veremos, en breves, el siguiente movimiento de la Administración Tributaria, pero en principio, todo apunta a que deberá acatar los apercibimientos de la Comisión y modificar las sanciones previstas para el Modelo 720.