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Nuevo servicio Corporate Compliance

Tras la modificación del Código Penal en su reforma operada por medio de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, y que entró en vigor el pasado 1 de Julio de 2.015, se prevé ya la posibilidad de que las personas jurídicas o mercantiles puedan exonerarse de su responsabilidad penal, si cumplen los medios que a su efecto dispone el nuevo artículo 31 bis. CP.

Existen dos escenarios legales de imputación de responsabilidad penal:

  • En el caso de que los delitos sean cometidos por los representantes legales de las personas jurídicas o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  • En el caso de que los delitos sean cometidos por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas (mandos intermedios, trabajadores, representantes, etc.), han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

La cuestión es importante, puesto que, como indica el nuevo artículo 31 ter CP, la responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.

Por tanto, dentro de los procesos cada vez más complejos de las mercantiles hoy día, resulta capital instaurar procedimientos de auditoría y gestión que doten de la mayor transparencia y control a los procesos de la misma.

Dentro de dichos procesos lógicos y necesarios, y al hilo de obtener la mayor seguridad jurídica y prevenciones dentro de la empresa, se alza como necesaria la implantación de las medidas preventivas de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal previstas para las personas jurídicas o empresas, se reconoce a través de la implantación de modelos de prevención penal o “compliance”.

Aquí es donde surge el Corporate Compliance, definido como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas líderes para identificar y clasificar los riesgos operativos  y legales   a  los   que   se enfrentan   y establecer mecanismos internos de prevención y gestión, formación, detección, minimización y control de los mismos.

Con la válida implantación de dichas medidas y su seguimiento efectivo, la persona jurídica o empresa quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

A tal efecto, la labor de implementación y cumplimiento del Plan de Prevención del Delito (o “Corporate Compliance”) supone un check list de toda la gestión y cumplimiento legal completo de la empresa. Una especie de auditoría legal y jurídica, que supone el reforzamiento en el cumplimiento de todos los ámbitos de cumplimiento legal como la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Blanqueo de Capitales, o los Códigos Éticos o de Buenas Prácticas dentro de la empresa o la llamada Responsabilidad Social Corporativa.

Por otro lado, la medida de Compliance, como un todo, salvaguarda la continuidad y vida de las empresas, mejorando en la implantación de su reputación e imagen pública y cultura de empresa basada en el cumplimento normativo y ético. Dicha mejora tiene un indudable retorno comercial y de ventas. Supone un paso más en la mejora en la gestión y la seguridad jurídica de la empresa.

Su ámbito no es solo para las grandes empresas, sino que resulta necesario e incluso útil también para las pequeñas empresas y sociedades mercantiles, pues así lo recoge expresamente el Código Penal.

Con todo, la implantación de un Plan de Prevención del Delito (o “Corporate Compliance”) distingue a la persona jurídica cumplidora de su competencia en el mercado.

En LEXCAM disponemos de personal experto en responsabilidad social corporativa, ética empresarial y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto nos ha permitido llegar a un acuerdo con la Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores Arbitrales (A.E.P.J.M.A.), de la cual somos miembros, y prestar una serie de servicios adicionales, entre ellos el Compliance Penal.

No solamente  realizamos  el  plan,  sino  que  a través  de la Asociación  realizamos  la auditoría y otorgamos el certificado oficial de cumplimiento que es la parte más importante del mismo y lo que le da realmente validez. Esto lo podemos hacer porque AEPJMA es miembro corporativo   de AENOR.