ImpuestosPublicaciones

El TC declara inconstitucional la plusvalía municipal en caso de transmisión con minusvalía

El jueves 11 de mayo el TC dictó sentencia en la que declaró contrario a la Constitución, en concreto al principio de capacidad económica (art. 31 CE), el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía municipal) a nivel estatal, reiterando la doctrina mantenida en sus sentencias dictadas sobre las normas forales de Guipúzcoa y Álava.

El TC estima la cuestión de inconstitucionalidad considerando que el IIVTNU vulnera el principio de capacidad económica en la medida en que sin admitir prueba en contrario somete a tributación las transmisiones de inmuebles en los que no ha existido plusvalía. Por lo tanto, el TC declara la inconstitucionalidad del precepto 107 de la Ley de Haciendas Locales, únicamente cuando éste se aplique sin tener en consideración la interpretación del alto tribunal.

Dicha inconstitucionalidad también cabe predicarla en el supuesto de que existiendo plusvalía, la misma sea inferior al impuesto a pagar, puesto que entendemos que igualmente se vulneraría el principio de capacidad económica. Asimismo, igualmente sería predicable en toda clase de transmisiones, ya sean mortis causa, ampliaciones de capital con aportación de inmuebles, constituciones de sociedades, etc.

La referida sentencia abre la puerta a solicitar la devolución del tributo ingresado. Para ello deben seguirse los cauces correctos en visos al éxito de la reclamación. Lo que pasamos a exponer a continuación según el impuesto se haya ingresado a través de autoliquidación o liquidación.

  • Autoliquidación: El procedimiento a seguir consiste en solicitar la rectificación de la autoliquidación y solicitar la devolución de ingresos indebidos.
  • Liquidación: disponemos de varios mecanismos:
    • Instar la responsabilidad patrimonial del estado legislador: Esta sería la vía natural para recuperar el impuesto ingresado, no obstante, la norma exige unos requisitos un tanto complicados de cumplir, lo que limita las expectativas de éxito. Dichos requisitos son la exigencia de una sentencia desestimatoria firme y que en dicho procedimiento se haya alegado la inconstitucionalidad de la norma.
    • Instar la revocación: Sobre la misma cabe recalcar que el contribuyente puede instar el inicio de dicho procedimiento, sin embargo, corresponde a la Administración la decisión de iniciar el mismo y revocar el acto, sin que en principio si el ente administrativo no inicia tal procedimiento quepa recurso, puesto que no existe la obligación de notificar al contribuyente el no inicio. No obstante, el TS tiene establecido que el no inicio es impugnable en el supuesto en que se den los elementos para que el acto deba ser revocado por la Administración, por ser contrario a la ley. Es decir, si se insta el inicio del procedimiento de revocación y el ente local no inicia el mismo, cabría plantear recurso ante los tribunales por silencio administrativo.

A todo ello debemos añadir un elemento fundamental, la prueba. Pues corresponde al contribuyente la prueba de que en el momento de la transmisión no había incremento de valor.

En LEXCAM hemos llevado a cabo el estudio de la referida materia con el fin de ofrecer un servicio de garantías, por lo que, nos ponemos a su entera disposición para recuperar el dinero indebidamente ingresado.