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Posibles vías de resarcimiento ante una probable declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

A raíz del último post publicado en la web, el cual, hacia referencia al logro obtenido por medio del pronunciamiento emanado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia, al dictar dicho tribunal sentencia en sentido estimatorio a las pretensiones planteadas y anular una liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, hemos creído conveniente recordar una noticia que tenia lugar el año pasado por estas fechas, y que es, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián referente al citado tributo.

La Ley de Haciendas Locales establece un  método de calculo dela base imponible que según entiende el órgano judicial podría ser contrario al artículo 31 de la Constitución.

Tomando como fundamento dichos antecedentes, y a la espera de una posible sentencia por la que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad, se abre para los contribuyentes que hayan hecho frente al pago del impuesto sin haber entablado recurso contra las liquidaciones del mismo la posibilidad de recuperar lo ingresado. Si finalmente se declara la inconstitucionalidad del tributo, los ayuntamientos podrían enfrentarse a devoluciones millonarias.

Por lo tanto, a partir de dicho escenario se abren varias vías de reclamación por parte del contribuyente para reclamar la devolución de lo ingresado de forma indebida. Dichas vías son las siguientes:

  1. La solicitud de devolución de los ingresos indebidos (arts. 120.3 y 221 de la LGT), en los cuatro años siguientes a contar desde el ingreso. Enla presente opción opera la prescripción, por lo que, muchos casos el derecho a obtener la devolución se encontrará, a fecha de una posible sentencia favorable a nuestros intereses, prescrito, teniendo en cuenta el comienzo de la crisis inmobiliaria, allí por el año 2007-2008.
  2. La acción de responsabilidad patrimonial del Estado-legislador (art. 142 LRJPAC) en el plazo de un año desde la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Sobre el segundo método, debemos apuntar que los afectados por un acto normativo contrario a la Constitución tienen derecho a una indemnización por los daños causados siempre que se cumplan ciertos requisitos, que deberán ser analizados y probados en cada caso concreto.

Por lo que, deberemos estar muy atentos al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pues según el sentido y los términos de su decisión podría abrirse la posibilidad de recuperar lo ingresado por el impuesto comúnmente llamado como plusvalía municipal.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o ampliación que considere oportuna.