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Responsabilidad patrimonial derivada de anulación de licencia

La responsabilidad patrimonial derivada de la anulación de la licencia que desemboca en la demolición de un inmueble. Cuándo se inicia el plazo para reclamar?.

En este artículo analizamos la reciente sentencia de Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 1ª, de fecha 10 de julio de 2018,  para determinar cuándo comienza el plazo de prescripción para reclamar la responsabilidad patrimonial cuando procede la demolición de lo construido, a consecuencia de una sentencia que anula la licencia o autorización para la construcción de un inmueble.

Ante la Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se siguió un Recurso Contencioso administrativo promovido por los recurrentes, contra la Resolución de 15 de diciembre de 2011 dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia, que inadmitió  la reclamación responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios derivados de la Sentencia nº 452/1997, de 8 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, siendo el motivo de dicha inadmisión la prescripción.

Los recurrentes fijaban como inicio del plazo el momento en que se ordena la demolición o se hace efectiva, pero nunca desde el momento de la sentencia.

El TSJ de Galicia desestimó el recurso contencioso -administrativo interpuesto contra la inadmisión por prescripción de la reclamación por Responsabilidad Patrimonial, y frente a la sentencia desestimatoria se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Finalmente el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 10 de julio de 2018, ha confirmado el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y ha determinado:

Como regla general, debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia anuladora del acto o disposición impugnados la que determina el inicio el plazo anual previsto para la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal anulación, sin que pueda ser considerada como tal la fecha de la demolición del inmueble construido al amparo del acto o disposición impugnado

De acuerdo, pues, con todo lo expuesto, confirmamos la interpretación realizada por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considerando como interpretación más acertada de los artículos 139.2 , y 142.4 y 5 de la LRJPA, en los supuestos en los que la ejecución de la sentencia implica la demolición de lo construido— la que señala que, como regla general, debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia anulatoria del acto o disposición impugnados la que determina el inicio del plazo anual previsto para la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal anulación , sin que pueda ser considerada como tal la fecha de la demolición del inmueble construido al amparo del acto o disposición impugnado.

Así lo veníamos señalando —de forma reiterada— en nuestra jurisprudencia, de la que es representativa la STS (Recurso de revisión) 662/2018 , de 24 de abril, en la que habíamos expuesto:

En apoyo de su argumento, la sentencia se remitió a otra anterior, recaída en el recurso 1248/2001 , en la que se dijo que “a la hora de señalar el ” dies a quo ” a partir del cual deberemos realizar el computo del plazo de un año establecido por el art. 142A de la Ley 30/1992 , debemos tener en cuenta que el mismo señala que en el caso de anulación administrativa o judicial de actos o disposiciones administrativas el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva.

Añadiendo que “[u]na jurisprudencia reiterada e histórica de esta Sala Tercera -asentada desde que comenzó a interpretarse la citada Ley 30/1992 – sitúa, pues, en la firmeza de la sentencia de anulación el comienzo del cómputo del año”. Igualmente señala: “Aun cabe añadir a lo anterior que, como se ha dicho en varias sentencias, como la de 25 de enero de 2011 (recurso de casación n° 23732006), lo esencial para que comience a correr el plazo de prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial es, como señala la sentencia del TEDH de 25 de enero de 2000 (asunto Miragall y otros contra España ), el momento en que el interesado tiene conocimiento de la sentencia anulatoria del acto. Es entonces cuando sabe que el evento lesivo se ha consumado y, por tanto, cuando debe considerar si ejercer su derecho a indemnización por daños. Tal criterio, lejos de desvanecer la idea capital de que el cómputo se inicia con la firmeza de la sentencia, la refuerza para incorporar la exigencia de que no sólo ha de existir una sentencia invalidatoria, sino el conocimiento por parte del afectado. Pero todo ello discurre en el ámbito del artículo 142.4 de la Ley 30/1992 , no del apartado 5.

En consecuencia, el Alto Tribunal determina que es desde el momento en que existe una resolución judicial firme, cuando comienza el plazo para reclamar por responsabilidad patrimonial a la Administración, pues es desde ese momento cuando se tiene constancia del hecho lesivo o daño producido, sin que sea necesario esperar a la demolición del inmueble construido al amparo del acto o disposición impugnado, para plantear la reclamación.

Esta es, por tanto, la doctrina jurisprudencial que, con carácter general, resulta procedente establecer y, en consecuencia, aplicar.