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Retribución de los administradores societarios

Antecedentes y marco jurídico:

 

En el ámbito tributario, desde que el Tribunal Supremo dictó la conocida como Sentencia caso Mahou (STS 13 de noviembre de 2008), la retribución de los administradores societarios, ha sido una materia controvertida, que ha sufrido numerosos pronunciamientos de la Dirección General de Tributos (DGT) y de los Tribunales especializados en materia tributaria y, asimismo, ha provocado sendas modificaciones de la normativa del Impuesto sobre Sociedades y de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

 

A modo de resumen, el Tribunal Supremo determinó que para la deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de la retribución de los administradores, esta debía constar en los estatutos sociales con certeza; asimismo, interpretó, con apoyo a la denominada teoría del vínculo, que la pertenencia al órgano de administración y el desempeño conjunto de otro tipo de funciones en la compañía (ya sea en el marco de un contrato de alta dirección o en el marco de una relación laboral común) determinaba la absorción y subsunción del resto de funciones por parte de la relación estatutaria de carácter mercantil, y de forma que si esta retribución no estuviera establecida con certeza en los estatutos sociales, no sería fiscalmente deducible.

 

Con la finalidad de clarificar este escenario, se introdujeron modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

 

  • Aspectos mercantiles

 

La Ley 31/2014, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, ha establecido que los Estatutos sociales deberán disponer el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, con especial referencia al régimen retributivo de los consejeros que ejerzan funciones ejecutivas.

 

Los conceptos retributivos podrán consistir en uno o varios de los siguientes:

 

  1. Asignación fija
  2. Dietas de asistencia
  3. Participación en beneficios
  4. Retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia
  5. Remuneración en acciones o vinculada a su evolución
  6. Indemnización por cese, siempre y cuando el cese no esté motivado por in- cumplimiento de las funciones de administrador
  7. Sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos

 

Para el caso de sociedades que no coticen se continúa con la presunción de que  el cargo es gratuito (en el caso de cotizadas, es justamente al contrario).

 

Asimismo. se establece específicamente que será la Junta General de Accionistas la que retenga el control sobre retribuciones, cuyo importe máximo ha de aprobar, incluyendo los distintos componentes retributivos contemplados, los parámetros para la fijación de la remuneración y los términos y condiciones principales de los contratos, aunque, a salvo que se disponga otra cosa por la propia Junta, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se dispondrá por acuerdo de éstos, teniendo en cuanta las responsabilidades atribuidas a cada consejero.

 

El acuerdo aprobado por la Junta permanecerá vigente en tanto en cuanto no se apruebe su modificación.

 

  • Aspectos fiscales.

 

Tras la modificación en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las normas sobre valoración de operaciones entre partes vinculadas dejan de ser de aplicación a las retribuciones de los consejeros o administradores en lo concerniente a la retribución por el ejercicio de sus funciones. Es decir, el criterio de valor de mercado deja de tener relevancia a la hora de determinar si las retribuciones de los administradores son deducibles, sino que habrá que estar al cumplimiento de la normativa mercantil; de esta forma, en la medida en que las retribuciones de los administradores cumplan con lo establecido al respecto en la Ley sobre Sociedades de Capital serán deducibles.

 

Esta norma debe complementarse con la modificación introducida en el artículo 15.2 de la Ley del Impuesto, relativa a los gastos no deducibles. Así, las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones distintas a las correspondientes a su cargo, con independencia del carácter mercantil o laboral de su relación con la empresa, no serán consideradas liberalidades y por tanto serán deducibles. A este respecto es importante la clara determinación de lo que se está remunerando en concepto de labor como administrador y como labor de ejecutivo a los efectos de aplicar el tratamiento fiscal correcto. Igualmente, debe tenerse en consideración, la previsión del apartado f) del artículo 15.2, que establece la no deducibilidad de los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

 

Conclusiones

De acuerdo con lo anterior, y habida cuenta que la entrada en vigor de las modificaciones  de las que hemos hablado fue el 1 de enero de 2015, sería conveniente tener en cuenta lo siguiente:

 

  • Las retribuciones que pueda percibir un administrador, por el cargo de administrador, si no está prevista en los estatutos, no serán deducibles, porque podría considerarse contraria al ordenamiento jurídico.
  • Si está en prevista en los Estatutos de la sociedad, será deducible y queda totalmente al margen de la regla de operaciones vinculadas.
  • Se atribuye a la Junta la competencia para decidir el importe máximo de la retribución de los administradores “en su condición de tales”.
  • Además un administrador puede percibir de la sociedad una retribución por el ejercicio de funciones distintas al cargo de administrador, siendo éstas totalmente deducibles.
  • La LSC, exige que cuando se nombre a un consejero, consejero delegado, o se le den funciones ejecutivas en virtud de otro título, se suscriba con el mismo un contrato en el que se detallen todos sus conceptos retributivos por el desempeño de sus funciones ejecutivas, retribuciones que deben ser conformes con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.